Como 30S o 30-S se conoce a una crisis de seguridad que inició como una revuelta policial contra una ley salarial, el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador, y que es calificada por el gobierno de Rafael Correa como un planificado intento de golpe de Estado en su contra. Varios periodistas, analistas políticos, otros gobiernos de la región y varios organismos internacionales utilizan la misma calificación o identifican matizadamente la revuelta como un "intento de desestabilización", a la vez que existe una importante discrepancia a estas versiones desde la oposición al gobierno y de varios periodistas y analistas políticos, quienes tienden a describirlo como un motín fortuito que incrementó su conflictividad por la acción del mismo presidente ecuatoriano y que a continuación el relato oficialista de una supuesta conspiración golpista ha sido usado mediáticamente para justificar la persecución política a críticos del gobierno ecuatoriano. Posteriormente, el 30S tendría repercusiones legales directas o indirectas, la más destacada a nivel nacional e internacional fue el "caso Correa contra Palacio y El Universo".
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